Tras una audiencia clave convocada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, la agroexportadora Vicentin logró un acuerdo estratégico que permitirá reactivar su planta principal y garantizar el salario de sus trabajadores.
En una bocanada de aire para la golpeada agroexportadora, Vicentin comenzará a recibir desde este mes más de 500.000 toneladas de soja para ser procesadas bajo la modalidad de fasones, un esquema clave para sostener su operatividad sin comerciar directamente granos, algo que su situación legal actual le impide hacer.
El acuerdo fue alcanzado en el marco de una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, y garantiza seis meses de trabajo asegurado en la planta procesadora de San Lorenzo, epicentro del complejo industrial de la empresa.
Un acuerdo multisectorial que reactiva la producción
Las operaciones se sostendrán a través de contratos de fason con las firmas que venían apoyando el proceso (ACA, Viterra y Bunge), a las que ahora se suman Molinos Agro, Cargill, Dreyfus, Grassi y la Unión Agrícola de Avellaneda. El ingreso de materia prima permitirá que la planta de soja vuelva a trabajar con carga plena durante el próximo semestre.
Además, la planta de girasol, que ya venía operando, tiene asegurada su continuidad, al menos hasta junio.
Sueldos garantizados tras meses de incertidumbre
Uno de los aspectos más esperados por los trabajadores fue la resolución del pago salarial. Se confirmó que el 40% de los sueldos de abril será abonado la próxima semana, mientras que el 60% restante se completará una vez firmados los nuevos contratos. El alivio fue celebrado por los empleados, que venían sufriendo retrasos, pagos fragmentados y sin certezas laborales.
La política provincial, clave para destrabar el conflicto
El entendimiento no fue resultado de una resolución judicial —la homologación del concurso sigue pendiente—, sino de una intervención directa del Ejecutivo santafesino, que propició el encuentro entre las partes. El ministro de Trabajo, Ronald “Coco” Báscolo, fue uno de los impulsores del acuerdo y había manifestado duras críticas a la inacción judicial frente al impacto social de la crisis de Vicentin.
“La política tomó la delantera para evitar un colapso productivo”, explicaron fuentes oficiales, dejando en claro que el nuevo escenario fue construido por decisión institucional, más que por avance judicial.
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