La disolución de ANDIS genera críticas: especialistas y familias dudan que la absorción por Salud garantice transparencia y continuidad de servicios.
La decisión del Gobierno nacional de absorber las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dentro del Ministerio de Salud genera preocupación entre especialistas, organizaciones y familiares de personas con discapacidad. Durante la conferencia de prensa de esta mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que la medida permitirá mayor transparencia, trazabilidad de expedientes y reducción de discrecionalidades. Sin embargo, varios sectores cuestionan esta versión oficial.
ANDIS, creada en 2017 como un organismo descentralizado encargado de coordinar políticas públicas en discapacidad, había acumulado años de problemas administrativos, irregularidades y controles deficientes, según denuncias previas. No obstante, críticos advierten que su disolución podría generar más centralización y falta de autonomía en la gestión de políticas específicas, algo que podría afectar a quienes dependen de pensiones, prestaciones y servicios especializados.
Entre los cuestionamientos destacan irregularidades comprobadas como pensiones cobradas por familiares fallecidos, otorgamientos sin documentación válida y facturación de organizaciones que no prestaban los servicios prometidos. Aunque Adorni insistió en que los beneficios no se verán afectados, expertos señalan que la absorción por el Ministerio de Salud no garantiza por sí sola un control efectivo, y que la eliminación de cargos políticos podría derivar en vacíos operativos.
Organizaciones de la sociedad civil y referentes del sector reclaman claridad sobre cómo se implementarán los nuevos mecanismos de control y quiénes supervisarán las auditorías permanentes. Para ellos, la medida oficial no resuelve el problema de fondo: garantizar un sistema eficiente y centrado en las personas con discapacidad, que no dependa exclusivamente de la buena voluntad de funcionarios.
En resumen, mientras el Gobierno asegura transparencia y racionalización, la comunidad espera definiciones concretas sobre la continuidad de los servicios, la protección de derechos adquiridos y la supervisión efectiva de recursos que afectan directamente la vida de miles de personas en todo el país.
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