El 4 de octubre, Dow Química Argentina anunció de forma unilateral el cierre de su planta en Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, lo que conllevará la pérdida de más de 600 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Esta decisión no solo afecta a los empleados de la planta, sino que también repercute gravemente en el sistema industrial de la región y en las industrias nacionales que dependen de sus insumos.
Dow Química es el único productor nacional de ciertos insumos, y su cierre obligaría a las empresas locales a recurrir a importaciones. Esto incrementaría los costos, complicaría la logística y, en última instancia, debilitaría la competitividad de la industria santafesina. En un contexto donde la economía regional ya enfrenta desafíos significativos, esta situación podría ser devastadora.
Además, el cierre permitiría a Dow consolidar una posición monopólica en el mercado argentino, abasteciendo desde su planta en Brasil. Esto aumentaría la dependencia del país en insumos extranjeros y reforzaría el control de la empresa sobre el suministro, elevando potencialmente los costos para las industrias locales.
En respuesta a esta problemática, el 9 de octubre se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, donde participaron representantes del sindicato, de la empresa y funcionarios del Gobierno Provincial. En la reunión, se acordó la reincorporación de cuatro trabajadores, reconociendo el riesgo de mantener la planta sin una guardia mínima debido a la presencia de productos altamente inflamables.
Sin embargo, el sindicato exige la creación de una mesa interministerial con la participación activa de funcionarios provinciales, enfatizando que «no solo están en juego los más de 600 puestos de trabajo, sino todo el entramado productivo provincial». Brizuela, representante sindical, expresó la necesidad de que el Ministro de Producción defienda los intereses industriales y evite la concentración de poder que podría resultar del cierre.
Esta posición encuentra respaldo en un dictamen de 2021 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que ya había advertido sobre los efectos adversos de la pérdida de producción local. El dictamen instaba a Dow a no modificar sus activos productivos hasta que se resolviera la situación.
El SOEPU ha subrayado que la intervención del Ministerio no debe limitarse a la defensa de los puestos de trabajo, sino que representa una lucha colectiva por la industria y la economía regional. Brizuela concluyó: «Es urgente que la planta siga produciendo. No estamos pidiendo ayuda, sino que se cumpla con la defensa de nuestra industria. Lo que necesitamos es que Dow venda la planta para que continúe la producción en Santa Fe».
La situación se mantiene en un estado de incertidumbre, y las negociaciones entre las partes serán cruciales para determinar el futuro de la planta y su impacto en la economía santafesina.
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