Instituciones, profesionales y transportistas advierten que una iniciativa en Diputados pone en riesgo servicios esenciales y convocan a una jornada de movilización.
Organizaciones, instituciones, profesionales y transportistas vinculados al ámbito de la discapacidad se declararon en estado de alerta y movilización ante la posible derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, incluida en el proyecto de Presupuesto 2026 que será tratado este miércoles en la Cámara de Diputados.
La preocupación se centra en el artículo 75 de la iniciativa, que propone dejar sin efecto dicha ley y también afectar el financiamiento universitario, una medida que generó un fuerte rechazo en distintos sectores sociales y educativos.
Desde las entidades que trabajan diariamente con personas con discapacidad advirtieron que la eliminación de la normativa vigente tendría un impacto directo en la continuidad de prestaciones, tratamientos, traslados y funcionamiento de instituciones, afectando tanto a trabajadores como a miles de familias en todo el país.
La presidenta de APRIDIS, Mariel Chapero, hizo un llamado directo a los legisladores nacionales para que rechacen la medida. “Pedimos humanidad y compromiso. No se puede tomar una decisión de este tipo sin evaluar el daño que genera en las personas más vulnerables”, sostuvo.
En la misma línea, Pablo Bolego, representante de ATRAES, cuestionó la forma en que la iniciativa fue incorporada al proyecto presupuestario. “Esto entró por la ventana. Es una decisión que pone en riesgo servicios esenciales y deja a instituciones y transportistas al borde del colapso”, advirtió.
Desde el sector señalaron que la posible derogación de la ley afectaría a cientos de espacios de atención y a miles de personas que dependen de políticas públicas para garantizar derechos básicos como el acceso a la salud, la educación y la inclusión social.
Ante este escenario, se anticipa una jornada de fuerte presión y movilización frente al Congreso, en coincidencia con el tratamiento del Presupuesto, con el objetivo de visibilizar el reclamo y exigir que se mantenga la normativa vigente.
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