Santa Fe se prepara para la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil

La Ley 27.801 comenzará a regir el 5 de septiembre y establece la responsabilidad penal desde los 14 años

La Provincia de Santa Fe se prepara para la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, que comenzará a regir el próximo 5 de septiembre y reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser responsabilizados penalmente por delitos. El Gobierno provincial aseguró que cuenta con la infraestructura, los recursos humanos y las dependencias necesarias para implementar el nuevo sistema.

En diálogo con el programa Con Voz, por FM 102.9, para Nueva Estrella Medios, el abogado penalista Leandro Demichelli explicó algunos de los principales cambios que introduce la nueva normativa.

Según señaló, a partir de la entrada en vigencia de la ley, los adolescentes de entre 14 (ya no desde los 16) y 18 años podrán ser imputados por delitos previstos en la legislación penal, aunque el régimen de sanciones será diferente al correspondiente a los adultos

Uno de los principales límites establecidos por la nueva normativa es que las penas privativas de la libertad para adolescentes no podrán superar los 15 años, incluso cuando la escala penal prevista para el delito cometido sea superior. Además, quedan prohibidas las penas de prisión o reclusión perpetua.

Demichelli explicó que tampoco será igual el régimen de alojamiento. Los adolescentes privados de su libertad deberán permanecer en establecimientos especializados y separados de las personas adultas, con un sistema que contempla medidas orientadas a la educación, la formación y la resocialización.

El nuevo régimen también contempla distintas penas y medidas alternativas a la privación de la libertad, entre ellas la amonestación, restricciones de contacto o circulación, monitoreo electrónico, reparación del daño y la prestación de servicios a la comunidad. Estas últimas consisten en tareas de interés social y deben ser compatibles con la educación y las condiciones laborales correspondientes a los menores de 18 años.

En este sentido, el abogado planteó una mirada crítica sobre la efectividad de algunas de estas medidas a partir de su experiencia en el trabajo con jóvenes. Consideró que las tareas comunitarias, por sí solas, pueden no alcanzar para evitar que los adolescentes vuelvan a involucrarse en situaciones de violencia o delincuencia cuando regresan a entornos atravesados por problemáticas sociales y familiares.

Para Demichelli, la discusión sobre la reducción de la edad de imputabilidad debe estar acompañada por un trabajo territorial de prevención que permita acercar a los jóvenes a la educación, la capacitación y la cultura del trabajo antes de que ingresen en circuitos vinculados con las drogas y el delito.

El abogado sostuvo que la nueva legislación puede contribuir a que los adolescentes comprendan que sus actos tienen consecuencias penales, pero advirtió que la aplicación de una sanción, por sí sola, puede no ser suficiente para prevenir el delito juvenil. En su opinión, el desafío estará en complementar el nuevo régimen con políticas de prevención y herramientas concretas de reinserción social.