La Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso marca un punto crítico para el sistema universitario argentino. En 2026, los recursos asignados a las casas de estudio alcanzarán su nivel más bajo en al menos veinte años, con una caída real del 33,8% respecto de 2023, según estimaciones oficiales y de centros de análisis económico.
El texto incorpora el controvertido artículo 30, que elimina la garantía legal de financiamiento mínimo del 6% del PBI para el sistema educativo nacional. En el caso de la educación superior, la inversión quedará en apenas 0,47% del PBI, el porcentaje más reducido registrado en décadas.
Datos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advierten que en 2024 casi el 90% de los fondos se destinaron al pago de salarios, mientras que investigación, extensión y hospitales universitarios quedaron relegados. Aun así, los sueldos docentes y no docentes perdieron cerca del 30% de su poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión.
El recorte también impacta en becas, insumos y mantenimiento edilicio, generando cursadas más precarias y una creciente emigración de profesionales al exterior. A diferencia de otros niveles del sistema educativo, las universidades dependen en un 90% del financiamiento nacional, sin respaldo alternativo de provincias u otros organismos.
El escenario se agrava con reducciones generalizadas: Educación y Cultura caerán un 47,3% en términos reales hacia 2026; ciencia y tecnología, un 48,8%; y las becas estudiantiles, más del 76%. Además, la eliminación de fondos específicos golpea con fuerza a las escuelas técnicas, cuyos recursos se desplomarían un 93% frente a 2023.
Especialistas advierten que la tendencia compromete la calidad académica, la investigación científica y el futuro del sistema público de formación superior en Argentina.
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