Mientras se desarrolló una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, el SOEPU denunció la falta de intervención de la Provincia, cuestionó los acuerdos individuales impulsados por la empresa y alertó sobre los riesgos laborales, ambientales y productivos que podría generar el cierre de la planta de caucho.
La incertidumbre por el conflicto en Pampa Energía continúa creciendo. Este lunes se llevó a cabo una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de Rosario para intentar destrabar la situación generada por el cierre de la planta de caucho y los despidos que afectan a más de un centenar de trabajadores. Sin embargo, desde el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) aseguraron que el panorama sigue siendo complejo y reclamaron una mayor participación del Gobierno provincial.
En diálogo con el móvil de Nueva Estrella Medios, el secretario gremial del SOEPU, Rodrigo Jordana, afirmó que el gremio espera respuestas concretas y advirtió que, si la audiencia no arroja resultados favorables, los trabajadores podrían avanzar con medidas de fuerza que incluyan la paralización de todo el complejo petroquímico. «Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias porque creemos que esta planta puede seguir funcionando», sostuvo.
El dirigente también denunció que al menos diez trabajadores aceptaron acuerdos individuales con la empresa que, según explicó, les hicieron perder en promedio unos 10 millones de pesos en sus indemnizaciones. Además, señaló que esos convenios implicaron la renuncia a derechos laborales y que, una vez firmados, el sindicato ya no puede intervenir legalmente para revertir la situación.
Otro de los puntos que preocupa al gremio es la seguridad del complejo petroquímico. Jordana aseguró que la planta de caucho permanece en condiciones seguras únicamente gracias al trabajo del personal que continúa prestando servicios, y advirtió que la reducción de trabajadores podría afectar no solo la operatividad de la empresa, sino también la seguridad industrial y ambiental de toda la región.
Desde el lugar de la audiencia también se remarcó la preocupación por la falta de participación activa del Gobierno de Santa Fe en el conflicto. Según señalaron desde el sindicato, hasta el momento no hubo gestiones concretas para acercar posiciones entre las partes, mientras que el Municipio de Puerto General San Martín sí manifestó su disposición para colaborar en la búsqueda de una solución que preserve los puestos de trabajo.
Finalmente, el gremio insistió en la necesidad de extender la conciliación para abrir una instancia real de negociación. Advirtieron que el cierre de la planta de caucho no solo impactaría sobre los trabajadores directamente afectados, sino también sobre las restantes unidades productivas del complejo petroquímico y sobre cientos de empleos vinculados a tareas de mantenimiento, electricidad, obras civiles y servicios industriales
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