El abogado Fernando Virgili cuestionó el mecanismo impulsado por la Provincia para cobrarles a las familias de menores involucrados en amenazas a escuelas. “Hay que sancionar, pero respetando las garantías constitucionales”, advirtió.
Las amenazas de bomba y mensajes intimidatorios contra escuelas volvieron a poner en debate cómo debe actuar el Estado frente a menores involucrados en este tipo de hechos. En una entrevista brindada al programa radial “Con Voz”, conducido por Sandra Moreno en FM 102.9 para Nueva Estrella Medios, el abogado Fernando Virgili analizó la polémica decisión del Gobierno de Santa Fe de cobrar multas millonarias a las familias de los jóvenes investigados.
Según explicó el letrado, una de las familias ya presentó una impugnación formal contra el reclamo económico impulsado por el Ministerio de Seguridad provincial.
“Lo que se cuestiona es que un ministerio no puede imponer una sanción económica de manera automática sin darle a la familia la posibilidad de defenderse”, sostuvo Virgili.
“Hay que sancionar, pero hacerlo bien”
Durante la entrevista, el abogado aclaró que las amenazas a escuelas constituyen un hecho grave y que deben existir consecuencias, aunque remarcó que el procedimiento elegido por la Provincia genera fuertes dudas jurídicas.
“Estamos frente a un delito de intimidación pública. Eso está claro. Pero una cosa es la responsabilidad penal y otra muy distinta es imponer una multa administrativa sin un debido proceso”, explicó.
Virgili señaló que el principal problema es que no existe actualmente una legislación específica que contemple este tipo de sanciones económicas aplicadas directamente a las familias.
“Hoy la ley no da una solución mágica. Entonces aparecen interpretaciones distintas. Diez abogados pueden tener diez opiniones diferentes sobre este tema”, aseguró.
El debate sobre la responsabilidad de los padres
Uno de los puntos centrales del conflicto pasa por determinar hasta dónde llega la responsabilidad civil de los padres por las acciones de sus hijos menores de edad.
“El derecho penal no permite trasladar automáticamente la responsabilidad del hijo al padre”, indicó el abogado.
Y agregó: “Otra discusión distinta es si el Estado puede reclamar daños y perjuicios en el ámbito civil. Pero incluso ahí aparecen problemas, porque muchas familias directamente no tienen recursos para afrontar montos millonarios”.
En ese sentido, Virgili consideró que el Gobierno provincial actuó buscando una respuesta rápida frente a una problemática social que generó enorme preocupación pública.
“Entiendo la necesidad política y social de dar una señal fuerte, pero esto puede terminar en un largo proceso judicial”, advirtió.
“Esto puede llegar a la Corte Suprema”
El abogado anticipó además que el conflicto recién comienza y podría escalar judicialmente durante años.
“Acá seguramente se va a discutir el derecho de defensa y el debido proceso que garantiza la Constitución. Para mí, esto tranquilamente puede terminar en la Corte Suprema”, afirmó.
Virgili también planteó que el problema excede lo jurídico y debe analizarse desde una mirada más profunda sobre la situación de adolescentes y menores.
“No alcanza solo con castigar. Hay que preguntarse qué está pasando con los chicos, con las escuelas, con las familias y con el acceso que tienen hoy a redes sociales e internet”, sostuvo.
Una problemática que preocupa
Las amenazas a escuelas se multiplicaron en distintas localidades de Santa Fe durante los últimos meses y obligaron a desplegar operativos policiales, evacuaciones y suspensión de clases.
Para Virgili, el desafío es encontrar herramientas legales y sociales que permitan prevenir estos hechos sin vulnerar garantías constitucionales.
“Hay que resolver el problema, pero siendo prolijos jurídicamente. Porque si no, terminamos generando un precedente peligroso”, concluyó.
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