La Justicia fijó una sanción de $100.000 diarios para el jefe de Gabinete. Esto fue por no cumplir con la norma que garantiza fondos para las universidades públicas. La medida se conoció antes de una nueva marcha federal en defensa de la educación.
El juez federal Martín Cormick resolvió aplicar una multa de $100.000 por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. La decisión busca que el Gobierno nacional cumpla con los pagos establecidos para salarios docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles.
La sanción se conoce durante el conflicto entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas. Sucede horas antes de la quinta marcha federal en defensa de la educación pública. El magistrado advirtió que podría modificar el monto de las multas e incluir a otros funcionarios si persiste el incumplimiento.
La resolución establece la aplicación de astreintes, sanciones económicas diarias que la Justicia puede imponer para forzar el cumplimiento de una obligación. En esta primera instancia, la medida recae sobre Santilli por las responsabilidades que le corresponden al frente de la Jefatura de Gabinete.
El conflicto por el financiamiento universitario
La disputa judicial se originó después de que el presidente Javier Milei firmara un decreto para impedir la aplicación de la ley, aprobada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras legislativas tras el veto presidencial.
La semana pasada, Cormick declaró inconstitucional ese decreto. El viernes se concedió la apelación presentada por el Gobierno nacional. No obstante, aclaró que seguiría ejecutando la medida cautelar que ordena al Estado cumplir con los pagos previstos.
La cautelar había sido dictada en diciembre pasado, confirmada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo y quedó firme en junio, luego de que la Corte Suprema rechazara los planteos del Poder Ejecutivo.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó la aplicación de multas ante la continuidad del incumplimiento. El juez ya había intimado al Gobierno el 22 de septiembre para que acatara la normativa.
El CIN destacó la decisión judicial
El rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci, valoró la resolución en declaraciones a Página/12.
El dirigente destacó especialmente que la sanción recaiga sobre una autoridad con responsabilidades concretas dentro del Gobierno nacional y no sobre el Estado de manera genérica. También consideró que la decisión representa un avance, aunque señaló que el proceso judicial continúa.
La medida suma presión sobre el Ejecutivo en una disputa que tiene como ejes el presupuesto universitario, los salarios del personal y las becas estudiantiles, en un contexto de movilización de la comunidad educativa en defensa de la universidad pública.
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