En un contexto marcado por tensiones y protestas en diversas universidades del país, el Gobierno nacional ha tomado una decisión que podría intensificar el conflicto: firmó este martes una resolución que habilita a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a auditar las casas de altos estudios. Esta medida se da en pleno debate sobre el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que ha generado tomas de facultades por parte de alumnos y docentes en diversas instituciones.
El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, fue el encargado de firmar el dictamen que establece que la SIGEN funcionará como el órgano auditor de las universidades nacionales. Según Barra, el sistema de control interno mencionado en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 se aplica a estas instituciones. Sin embargo, el Gobierno aseguró que esta medida “no afecta ni contradice la autonomía ni la independencia financiera y administrativa” que les otorga la Constitución.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno, bajo la dirección de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, destacó que el dictamen revertirá una situación anterior. Un documento del 28 de noviembre de 2022 había impedido que la Sindicatura auditará a las universidades, dejando esta función exclusivamente a la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano dependiente del Congreso.
La decisión de habilitar a la SIGEN para auditar universidades genera preocupación entre los sectores académicos, que temen que esta medida represente una injerencia en la autonomía universitaria. Desde el movimiento estudiantil y docente se anticipan nuevas protestas en respuesta a esta resolución, que se suma a un escenario ya tenso por la falta de financiamiento y la defensa de derechos académicos.
Con la firma de este dictamen, el Gobierno busca establecer un control más riguroso sobre las universidades, en un momento en que la comunidad educativa se encuentra movilizada y alerta ante posibles repercusiones sobre su autonomía. La respuesta de estudiantes y docentes será clave para definir el rumbo de este conflicto, que sigue sumando capítulos en el debate sobre la educación pública en el país.
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