Un fallo de la Justicia Federal ordenó suspender por seis meses el plan de reorganización del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que incluía el cierre de dependencias, reducción de áreas de trabajo y posibles desvinculaciones de personal. La medida fue impulsada tras una presentación realizada por ATE.
La Justicia Federal dispuso la suspensión inmediata de la Resolución 20/2026 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), frenando por seis meses el proceso de reestructuración que impulsaba el Gobierno nacional dentro del organismo.
La decisión fue tomada por el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Entre las medidas que quedaron paralizadas se encontraban el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), la eliminación de nueve agencias territoriales y la transferencia de inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
En su resolución, el magistrado consideró que existían indicios de arbitrariedad e ilegalidad en la normativa, señalando posibles inconsistencias legales y falta de fundamentos suficientes para avanzar con la reorganización.
Además, advirtió que la aplicación de estas medidas podría afectar áreas estratégicas vinculadas a la investigación científica, la innovación tecnológica, la agricultura familiar, la producción agropecuaria y las fuentes laborales del organismo.
Con este fallo, el INTA no podrá avanzar, por el momento, con cierres de oficinas, traslados de trabajadores, pases a disponibilidad, despidos ni tampoco con la venta o transferencia de inmuebles y equipamiento pertenecientes a la institución.
La medida judicial tendrá vigencia durante seis meses, plazo en el que deberá resolverse el fondo de la cuestión planteada ante la Justicia.
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