El fiscal Gerardo Pollicita impulsa una investigación para determinar si existe una discordancia entre los bienes declarados por el funcionario y su patrimonio real.
El vocero presidencial Manuel Adorni fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito, en el marco de una causa que investiga posibles inconsistencias entre su declaración jurada patrimonial y bienes que no habrían sido consignados.
La imputación fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien advirtió una posible “discordancia” con la información presentada ante la Oficina Anticorrupción. Según la denuncia, el funcionario declaró únicamente dos propiedades y no incluyó otros bienes vinculados a un emprendimiento inmobiliario.
La investigación
Se hace foco en un lote ubicado en el Country Indio Cuá Golf Club, cuyos valores de mercado, de acuerdo a publicaciones inmobiliarias, rondan entre los 129.000 y 249.000 dólares, con un promedio cercano a los 150.000, además de una cuota de ingreso millonaria y expensas mensuales.
Para avanzar en la causa, el fiscal solicitó una serie de doce medidas de prueba. Entre ellas, requirió informes a registros de la propiedad, organismos nacionales y provinciales, la ANSES y la Oficina Anticorrupción, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario.
También pidió que se investigue la titularidad del lote mencionado, quién afronta los gastos del inmueble y si existen permisos de construcción a nombre de Adorni o de su esposa. A su vez, solicitó información sobre bienes registrados en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El requerimiento incluye además datos migratorios, movimientos laborales y documentación sobre posibles operaciones financieras o inmobiliarias, así como detalles de préstamos familiares mencionados en la denuncia.
Por último, se solicitó a la Oficina Anticorrupción que remita todas las declaraciones juradas patrimoniales del funcionario correspondientes a los últimos años, con el fin de analizar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio registrado.
La causa quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si da curso a las medidas solicitadas por el Ministerio Público.
Fuente. Agencia DERF
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