Este miércoles, nueve diputados nacionales por la provincia de Santa Fe respaldaron el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, una legislación crucial que había sido sancionada en septiembre para asegurar el sostenimiento de las universidades nacionales. Esta decisión no solo pone en peligro la continuidad de las 62 universidades públicas del país, sino que también amenaza el futuro de millones de estudiantes.
Lo más llamativo es que más de la mitad de los legisladores santafesinos que apoyaron el veto son egresados de universidades nacionales. Entre ellos se encuentran los libertarios Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Alejandro Bongiovanni, así como los diputados del PRO Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina, todos graduados de la Universidad Nacional de Rosario. La situación se torna aún más irónica considerando que Figueroa Casas es docente en esa misma institución.
La Ley de Financiamiento Universitario, cuyo veto fue avalado por el Congreso, había sido diseñada para actualizar las partidas presupuestarias y mejorar los salarios de docentes y nodocentes. Sin embargo, el apoyo al veto refleja una desconexión preocupante entre estos legisladores y la realidad del sistema educativo público.
De los nueve diputados que votaron a favor del veto, solo Rocío Bonacci es egresada de una institución privada, mientras que José Núñez, Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini no tienen estudios superiores completados registrados. Este contexto suscita interrogantes sobre la formación y compromiso de aquellos que, a pesar de haberse beneficiado del sistema universitario, ahora lo atacan.
En contraposición, diez diputados santafesinos se manifestaron en contra del veto, apoyando la ratificación de la ley. Entre ellos se encuentran Mario Barletta, rector de la Universidad Nacional del Litoral, y otros legisladores con formación en universidades nacionales.
La decisión de estos nueve diputados representa un giro alarmante en el apoyo a la educación pública en Santa Fe y en todo el país. Con el futuro de la educación universitaria en juego, la pregunta que surge es: ¿cómo pueden quienes se formaron en estas instituciones desatender su defensa? La lucha por la educación pública continúa, y la sociedad observa de cerca las acciones de sus representantes.
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