La iniciativa del Gobierno nacional ingresará al Congreso durante las sesiones extraordinarias, pero genera tensiones con los gobernadores por su impacto en los recursos provinciales.
La Ley de Modernización Laboral comenzará a debatirse en el Senado de la Nación a partir del 10 de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno. Sin embargo, antes de su tratamiento formal, el proyecto ya enfrenta cuestionamientos de los gobernadores, que reclaman modificaciones en dos artículos considerados sensibles.
La iniciativa había sido incluida originalmente en el temario de diciembre, pero la falta de quórum obligó al oficialismo a postergar el debate para febrero. En ese contexto, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, asumió un rol central en las negociaciones con distintos sectores políticos y provinciales.
Los puntos que generan mayor preocupación entre los mandatarios provinciales están vinculados a los capítulos de Impuesto a las Ganancias y reducción de la carga tributaria, ya que advierten que podrían derivar en una disminución de los fondos coparticipables que reciben las provincias.
Ante este escenario, se abrió una instancia de diálogo que podría derivar en cambios en el texto original. Dentro del oficialismo conviven dos posturas: un sector dispuesto a introducir modificaciones para garantizar apoyos y otro que rechaza cualquier alteración del proyecto enviado por el Ejecutivo.
Desde el Gobierno confirmaron que el debate se desarrollará entre el 10 y el 27 de febrero, período en el que también distintos bloques opositores anticiparon que presentarán observaciones y pedidos de revisión. Bullrich reconoció que no solo los gobernadores impulsarán cambios, sino que también habrá planteos desde otros espacios legislativos.
La discusión por la reforma laboral promete convertirse en uno de los ejes centrales del inicio del año parlamentario, con impacto político y económico a nivel nacional y provincial.
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