La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y establece la continuidad de prestaciones, pensiones y coberturas de salud, con cambios en el sistema de financiamiento y control.
El Senado de la Nación aprobó este miércoles, por unanimidad, la nueva Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. El proyecto recibió 71 votos afirmativos y ninguno en contra, luego de más de cuatro horas de debate.
La iniciativa ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y establece la continuidad de las principales disposiciones de la Ley 27.793, que declaró la Emergencia Nacional en Discapacidad. El nuevo esquema busca dar carácter permanente a esos derechos y prestaciones, dejando atrás el régimen de emergencia y transitoriedad.
Entre sus principales puntos, la norma mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad en un monto equivalente al 70% de la jubilación mínima. También permite que sus titulares accedan a un empleo registrado o se inscriban en el monotributo, siempre que sus ingresos laborales no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Además, garantiza la continuidad de la cobertura médica mediante el programa Incluir Salud.
En relación con los prestadores, se conserva el nomenclador único y el arancel unificado, con actualizaciones vinculadas a la movilidad jubilatoria. Asimismo, el Poder Ejecutivo deberá presentar, dentro de los 30 días posteriores a la sanción, un cronograma para cancelar las deudas del sector y completar los pagos en un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley.
La normativa también establece que las partidas del Ministerio de Salud destinadas al sistema no podrán reducirse en términos reales respecto del ejercicio anterior y contempla recursos del Tesoro para cubrir posibles faltantes.
Por otra parte, incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de datos de organismos nacionales. En caso de detectarse irregularidades que puedan derivar en la suspensión de una pensión, deberá notificarse previamente a la persona involucrada, quien contará con 60 días para presentar su descargo antes de que se resuelva su situación.

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