No fueron familiares de los presos, ni agentes del servicio penitenciario corrompidos. La semana pasada, los escaners recientemente instalados en la cárcel de Piñero, sur de la provincia de Santa Fe, detectaron cómo dos abogados particulares -no fueron defensores oficiales- intentaban introducir teléfonos celulares para sus clientes detenidos en ese penal. Uno de ellos, perteneciente a la matrícula de la ciudad de Rosario. El otro, de Venado Tuerto.
Así lo reveló el secretario de Asuntos Penitenciarios de la Provincia, Walter Gálvez, quien detalló que el primero de los abogados llevaba un teléfono oculto, mientras que el otro profesional llevaba dos aparatos sin declarar.
Según explicó a AIRE el funcionario, en ambos casos los abogados declararon en el ingreso a la cárcel que contaban con su celular particular, pero al atravesar por los sistemas de escaners se detectó que llevaban otros teléfonos. «Cuando se los detectó, dijeron que se habían olvidado de declarar los otros aparatos», explicó.
En cada uno de los casos, se procedió a elaborar un acta detallando lo sucedido, se les impidió ingresar al penal para visitar a sus clientes, se comunicó la situación a los Colegios de Abogados y también al Colegio de Jueces Penales de cada circunscripción.
En estos momentos, se trabaja en el inicio de un sumario interno para tratar de dilucidar cuáles pudieron ser los circuitos de estos celulares, a partir de los nombres de los detenidos que son clientes de cada uno de estos abogados. «Es increíble lo que sucede. Estamos hablando de personas del Derecho», remarcó Gálvez.
Y agregó: «Evidentemente, existía un verdadero circuito de ingreso de celulares, con todo un andamiaje montado. Estamos viendo cosas burdas, como el agente penitenciario que el sábado intentó ingresar a la cárcel de Coronda 17 celulares, cargadores, jeringas y chips de teléfonos».
Este sábado se supo que un agente del Servicio Penitenciario de Santa Fe había sido detectado mientras trataba de ingresar en su mochila a la cárcel de Coronda nada menos que 17 teléfonos celulares, 13 cargadores, agujas de tatuar y 20.000 pesos.
Todos estos elementos aparecieron claramente en los sistemas de escaners instalados en Coronda -los mismos que funcionan en Piñero y en la cárcel de Las Flores-. El penitenciario fue detenido y el fiscal Alejandro Benítez ordenó que se secuestre el celular personal del agente.
«Veremos si en ese celular encontramos información que explique por qué motivo este penitenciario tomó la decisión de llevar todos esos elementos en su mochila, sabiendo que funcionan los escaners. Apenas fue detectado, sucedió lo de siempre. Comenzó a llorar, a decir que estaba arrepentido y que lo hacía por una cuestión de necesidad», explicó Walter Gálvez.
El funcionario consideró que los próximos gobiernos deberían profundizar este proceso de incorporación de tecnología en las cárceles: «Habrá que seguir trabajando para generar circuitos distintos de ingresos a las cárceles. Por un lado los empleados, y por otro las visitas. También habrá que colocar escaners en todos los centros de detención y no solo en las unidades más grandes de la provincia».
«La verdad es que muchos empleados están contentos con estos cambios y esperan que los corruptos caigan», agregó.
Voceros de la investigación señalaron que, una vez que quedó en evidencia, el agente que llevaba los 17 celulares intentó convencer a sus compañeros de que no lo denunciaran, pero no logró su objetivo. Las autoridades del Servicio Penitenciario iniciaron un sumario interno para darle forma legal al pase a disponibilidad del agente.
Con Información de Aire Digital
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