La reciente designación de un juez titular expuso números alarmantes en los tribunales locales. El abogado Gabriel Filippini alertó sobre el ingreso de mil escritos semanales y demoras de hasta ocho meses, calificando la situación actual como una «sábana corta» para las necesidades de la región.
La situación en los Tribunales de San Lorenzo ha alcanzado un punto crítico. Tras ocho meses de vacancia, la asunción del nuevo magistrado en el Juzgado de Familia ha dejado al descubierto estadísticas oficiales que evidencian el colapso operativo del sistema judicial. En este contexto, un grupo de profesionales de la región ha elevado un reclamo urgente solicitando la ampliación de la estructura y la creación inmediata de un segundo Juzgado de Familia.
En una reciente entrevista realizada por el periodista Gonzalo Del Pino en el programa radial Con Voz, el abogado Gabriel Filippini detalló la magnitud del problema y el impacto directo sobre los justiciables. «Hacía ocho meses que no teníamos juez», explicó el letrado, señalando que esta carencia generó un retraso directo en más de 250 causas.
Durante el extenso periodo de vacancia, la subrogancia estuvo a cargo de los jueces civiles Andino y Roldán. Si bien Filippini reconoció el gran esfuerzo de ambos magistrados, advirtió que su intervención debió limitarse a tramitaciones de procedimiento. Esto dejó estancadas las resoluciones trascendentes que requerían la firma de un juez titular y generó, colateralmente, demoras en los propios juzgados civiles.
El diagnóstico estadístico presentado por el nuevo magistrado es contundente y revela el nivel de saturación:
• Se presenta un promedio alarmante de 195 a 200 escritos de manera diaria.
• Este flujo genera un cúmulo que supera los 1.000 escritos semanales.
• En los primeros días de gestión se realizaron 50 intervenciones de urgencia.
• De esas 50 urgencias, 30 estuvieron vinculadas a denuncias con trazabilidad por afectación a la vulnerabilidad o violencia de género.
«El juzgado de San Lorenzo, me animo a decir, triplica a cualquier juzgado de la ciudad de Rosario por la cantidad de causas que sabemos que ingresan y que están en trámite», sentenció Filippini.
El abogado recordó además que la competencia de Familia abarca un espectro sumamente integral: interviene no solo en divorcios o cuotas alimentarias, sino en adopciones, salud mental, tutelas, curatelas por discapacidad y violencia de género, articulando de manera permanente con los organismos municipales y provinciales de niñez y adolescencia.
El reclamo formal: «Un compromiso social impostergable»
Frente a esta realidad, los profesionales del derecho han emitido un comunicado de prensa instando a las autoridades del Poder Judicial y provinciales a avanzar sin dilaciones en la creación de un nuevo tribunal.
El texto reconoce que la reciente cobertura del cargo existente es un paso indispensable, pero enfatiza de manera categórica que resulta «insuficiente» para garantizar un acceso ágil. La realidad operativa demuestra, según el reclamo, que la jurisdicción se sigue quedando con la «sábana corta». Los datos estadísticos oficiales del nuevo tribunal consolidan técnicamente este reclamo. «Optimizar los tiempos procesales en derecho de familia no es un debate administrativo menor; es un compromiso social impostergable», concluye el documento difundido.
Filippini enmarcó este déficit en un problema histórico de desinterés hacia la región, trazando un paralelismo con lo sucedido recientemente en el fuero laboral. San Lorenzo estuvo casi dos años sin cobertura de la jueza laboral, a pesar de estar enclavado en el cordón industrial y agroexportador más importante del país, de donde sale el 80% del Producto Bruto Interno y por donde transita una infinidad de trabajadores.
La conflictividad judicial en San Lorenzo, advirtió, se equipara y muchas veces supera a la de grandes urbes como Santa Fe o Rosario. Por ello, los profesionales acompañan el proyecto de regularización del nuevo juez, pero exigen la designación urgente de más personal, incluyendo un secretario y empleados administrativos adicionales, para poder descomprimir el sistema.
«Una presentación que se hace ocho meses atrás y que hoy no está resuelta, no es justicia», concluyó Filippini, advirtiendo que la falta de respuestas institucionales empuja a los ciudadanos a buscar alternativas por fuera del sistema o a resignarse ante situaciones de extrema vulnerabilidad.
Escuchá la entrevista completa:
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