El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha impuesto sanciones y prohibido la entrada al país a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner, su hija Florencia Kirchner y el ex ministro de Planificación Julio De Vido, debido a su implicación en actos de corrupción durante sus mandatos públicos.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el 21 de marzo que la ex mandataria Cristina Kirchner y los demás sancionados no podrán ingresar al territorio estadounidense, señalando que la razón de la sanción es «su participación en actos de corrupción significativos durante su mandato público».
El comunicado oficial, publicado en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, detalla que Cristina Kirchner y Julio De Vido abusaron de sus posiciones en el gobierno para beneficiarse económicamente mediante esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas. Según el informe, este accionar resultó en el robo de millones de dólares del gobierno argentino, lo que afectó la confianza del pueblo y los inversores en el futuro del país.
Además de las sanciones a los principales involucrados, la medida también afecta a los hijos de Cristina Kirchner, Máximo y Florencia, quienes están vinculados a las investigaciones sobre corrupción que involucraron a la familia Kirchner.
Estados Unidos ha reiterado su firme compromiso en la lucha contra la corrupción a nivel global, subrayando que continuará promoviendo la rendición de cuentas de aquellos que abusan del poder público para beneficio personal. «Estas designaciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en las más altas esferas de gobierno», destacó el comunicado.
La decisión de Estados Unidos se produce en un contexto de varias investigaciones judiciales en Argentina relacionadas con corrupción durante el mandato de Cristina Kirchner y su entorno cercano, quienes han sido condenados en diferentes tribunales por estos delitos.
Con esta medida, Estados Unidos da un paso más en su política de sancionar a figuras políticas internacionales vinculadas a actos de corrupción, en un esfuerzo por frenar la impunidad y fortalecer la gobernanza en todo el mundo.
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