Cuatro robos cometidos por policías en Santa Fe exponen una grave crisis institucional que preocupa a la Justicia, la política y a la ciudadanía.
La reciente detención de dos policías provinciales por el robo de $20 millones en Granadero Baigorria volvió a poner en evidencia una problemática cada vez más grave: agentes que usan su rol para delinquir.
No es un hecho aislado. En el último año y medio, al menos otros tres casos similares salieron a la luz: robos a civiles durante procedimientos irregulares, uso de uniformes, armas y documentación oficial para encubrir delitos, y hasta comercio de drogas robadas en allanamientos.
Entre los casos más graves:
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Robo de 28 mil dólares durante un falso control policial.
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Un operativo manipulado donde se sustrajeron más de 10 kilos de cocaína y U$S50 mil.
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El saqueo de una casa familiar en Rosario, con el robo de U$S76 mil.
En todos los casos, los policías usaron sus cargos y recursos oficiales para cometer los delitos, afectando a ciudadanos confiados en procedimientos legales.
Estas situaciones generan alarma en la Justicia, la política y dentro de la misma fuerza, donde se empieza a discutir la necesidad urgente de controles más estrictos y reformas internas.
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