Adrián Núñez, referente de La Libertad Avanza (LLA) en Misiones, fue denunciado en el marco de una investigación federal por supuestas maniobras de extorsión y financiamiento irregular en las delegaciones del PAMI y la ANSES en el noreste argentino. La causa, iniciada por el fiscal federal de primera instancia de Resistencia, Patricio Sabadini, apunta a prácticas que habrían tenido lugar en ambas oficinas públicas, a cargo de dirigentes vinculados al espacio que lidera el presidente Javier Milei.
Según informó el propio Sabadini, la Justicia Federal investiga si empleados de estos organismos fueron presionados a entregar parte de sus salarios bajo amenaza de ser despedidos. La causa fue caratulada como “Investigación preliminar s/ posible delito de acción pública” (FF N° 97/2025) y se encuadra en el delito de extorsión, contemplado en el artículo 168 del Código Penal Argentino.
En la provincia del Chaco, las oficinas del PAMI están a cargo de Silvia Arolfo, mientras que la delegación de ANSES es dirigida por Alfredo “Capi” Rodríguez, quien también es referente de LLA en esa jurisdicción. No obstante, el fiscal remarcó que la responsabilidad penal será determinada en el curso del proceso judicial.
El caso tomó relevancia pública tras la emisión de informes periodísticos en los canales TN y A24, en los programas “La Ves” y “Wifi 24” el pasado 1° de mayo. Allí se presentaron planillas tituladas “LLA RENDICIÓN DESDE DICIEMBRE 2023 HASTA 13/12/2024”, que revelarían un esquema de transferencias bancarias regulares realizadas por empleados a sus superiores, presuntamente como parte de un mecanismo informal de recaudación de fondos partidarios.
“Cada uno de los pagos habría sido efectuado vía transferencia bancaria a los jefes de las delegaciones del interior de ambos organismos”, explicó Sabadini, quien solicitó al tribunal competente diversas medidas probatorias para verificar la autenticidad de los documentos y avanzar en la individualización de los responsables.
Fuentes cercanas al partido consultadas por La Nación no desmintieron los pagos, aunque argumentaron que se trataría de «aportes voluntarios» de los empleados para el sostenimiento de la estructura política de LLA, lo que fue ratificado por el propio Rodríguez.
La investigación se encuentra en etapa preliminar, pero el escándalo ya sacude la interna de La Libertad Avanza, con potenciales repercusiones a nivel nacional si se comprueba la existencia de un sistema de financiamiento paralelo utilizando recursos del Estado.
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