El Gobierno Nacional dispuso una modificación clave en la administración de los fondos públicos con el Decreto 1039/2024, que prohíbe a la ANSES utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para otorgar créditos a los ciudadanos. Esta nueva regulación se basa en los resultados de una auditoría realizada sobre el fondo, la cual detectó una significativa diferencia en las tasas de interés entre los créditos otorgados por ANSES y los ofrecidos por los bancos y otros actores del mercado financiero.
Según la normativa, el FGS no fue creado con el objetivo de ser utilizado como fuente de financiación para préstamos, sino como un mecanismo destinado a asegurar la sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esto implica que sus activos deben ser destinados exclusivamente a inversiones que garanticen su valor a largo plazo, en lugar de ser empleados para financiar créditos a tasas más accesibles.
Este cambio se enmarca en un concepto más amplio del Gobierno, que considera que el Estado debe retirarse de los sectores donde el sector privado pueda desempeñar funciones de manera más eficiente. De esta forma, el Ejecutivo busca optimizar el uso de los recursos públicos y fomentar una mayor participación del mercado en la financiación de créditos.
El anuncio ha generado diversas reacciones, especialmente entre los beneficiarios de los créditos otorgados por ANSES, quienes hasta ahora habían accedido a tasas más bajas que las que ofrecen los bancos comerciales. Sin embargo, las autoridades insisten en que la medida es esencial para la preservación del sistema previsional argentino y la estabilidad de los fondos destinados a los jubilados.
Este cambio de rumbo en la política de crédito de ANSES marca un punto de inflexión en la relación del Estado con los sectores económicos privados, mientras se refuerza el compromiso de garantizar la solvencia y el futuro del SIPA.
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